El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) rechaza la reforma constitucional que establece cadena perpetua, porque en Nicaragua continuamos bajo un régimen de excepción y las autoridades son los principales promotores y perpetradores del odio y la violencia.
Considera que esta reforma representa un retroceso jurídico que viola principios y normativas constitucionales, así como los estándares internacionales de derechos humanos y los fines específicos del derecho penal.
Si la verdadera intención fuera detener la violencia contra las mujeres, el gobierno debería restablecer las libertades y derechos de la ciudadanía y rendir cuenta por los crímenes que a diario se comenten y dejar de perseguir a las organizaciones de mujeres y defensoras, de igual manera no deberían seguir reformando la Ley 779 y garantizando impunidad para los agresores. Muchas de las mujeres asesinadas antes habían denunciado a sus agresores.
Las feministas y sus organizaciones por más de tres décadas hemos luchado en contra de todas sus expresiones de la violencia. Promovimos la Ley 779, para contar con un marco jurídico que obligara a las instituciones a la atención especializada, la prevención y erradicación de la violencia a partir de sancionar las conductas machistas y la implementación de políticas públicas que ataquen las causas.
Solo la eliminación de la causas estructurales y culturales que refuerzan la idea que los hombres pueden disponer de la vida y los cuerpos de las mujeres y las niñas permitirá prever y eliminar la violencia machista. Los hechos demuestran que este gobierno no les interesa la seguridad y vida de las mujeres y sus reformas son enmarcadas en dotarse de un marco legal que les permita seguir atropellando los derechos, amenazar con la prisión perpetua a quienes luchan por el restablecimiento de las libertades en el país.
Seguiremos denunciando y defendiendo los derechos humanos de las mujeres y luchando por el restablecimiento de la democracia, justicia, libertad e igualdad.