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Pronunciamientos

Reglamento Ortega a Ley 779: Control social y violencia de género institucional

Reglamento Ortega a Ley 779:
Control social y violencia de género institucional


El pasado 31 de julio Daniel Ortega, el inconstitucional presidente de Nicaragua, mandó a publicar en La Gaceta un innecesario e ilegal Reglamento a la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que no solo contradice a dicha ley sino que la reforma en aspectos fundamentales.

En la reforma a la 779 realizada por la Asamblea Nacional el año pasado, se aprobó la creación de este instrumento innecesario, que ha sido aprobado extemporáneamente por un Ortega erigido en legislador y sustituto de la propia Asamblea, violando por enésima vez, principios de legalidad y constitucionalidad, pues no se puede modificar una ley mediante un reglamento, usurpar funciones y encima contradecir lo que expresamente dice la ley.

Por si esto no fuese suficientemente grave, lo reglamentado ilegalmente es incluso de mayor trascendencia pues representa una escalada contra la vigencia de los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía y la democracia en su conjunto.

En Nicaragua mediante la vía de hecho o manipulando los procedimientos legales, se ha producido un cambio de régimen que tiene como correlato un marco jurídico que se ha venido transformando a espaldas del pueblo y a través de sucesivas aberraciones legislativas, darle forma a una dictadura “legal”. El reglamento de la ley 779 es un escalón más en el esquema de control político.

La ruptura de los límites constitucionales que la Corte Suprema de Justicia propició con la sentencia que le permitió a Ortega reelegirse aun con la prohibición de dos normas que se lo impedían, ha permitido ir consolidando un régimen político hecho a la medida de los intereses dictatoriales y dinásticos de la familia Ortega Murillo.

En ese esquema de control en el país se han producido cambios legislativos altamente lesivos para los intereses ciudadanos, siendo entre otros los siguientes:

• La legislación militar que le da al ejército funciones que son del orden civil.
• El Código de Familia que crea los Gabinetes de la Familia, aunque aún no están vigentes
• La Ley de Policía que desnaturaliza las funciones de este órgano, lo privatiza y lo hace transitar de la subordinación legal a la sumisión personal
• La ley de concesión canalera que excluye la jurisdicción nacional, “regala” Nicaragua y la convierte en enclave.
• La reforma a la Constitución Política en la que se privilegia la familia y la comunidad en detrimento de la persona humana.

En el caso del reglamento a la ley 779, Ortega se constituyó en Asamblea Nacional, cambió el objeto de la ley, reformó el delito de femicidio, disminuyó el ámbito de aplicación, le dio funciones a estructuras que no están legalmente vigentes, incita a la comisión del delito de prevaricato, transformó los delitos en alteraciones, le pone obstáculos al acceso a la justicia y creó estructuras que van a tener funciones que corresponden a la policía o a los órganos jurisdiccionales. En síntesis, destruyó el sistema de atención a las víctimas de violencia y complejizó la ruta de acceso a la justicia, lo que pone en mayor riesgo la vida y la integridad de las mujeres, de lo cual no puede resultar más que un estado misógino y criminal.

El reglamento a la ley 779 pasa a ser parte del esquema control social que se está diseñando desde el poder, puesto que mediante una violencia institucional de enormes proporciones se convierte a las personas en instrumentos de las políticas de control del gobierno. Las estructuras creadas llamadas “Consejerías Familiares” invadirán la privacidad y decidirán por encima de la palabra, la voz y el derecho de las mujeres, que quedan reducidas a la categoría de personas “tuteladas” sin capacidad de agencia y representación propias. Por la vía de este reglamento se retorna al Código Napoleónico que consagró la muerte civil y política de las mujeres, al declararlas incapacitadas legalmente y sometidas a la autoridad del padre, del hermano o del marido y en este caso, a las estructuras partidario-estatales.

El bonapartismo orteguista ubica a las mujeres como antaño, entre los niños y los “idiotas” que deben ser tutelados en tanto no les reconoce como adultas y les despoja de su autonomía. Se pretende atrapar a las mujeres entre la espada de una familia patológica autoritaria y la pared de una comunidad partidizada. La subordinación de mujeres, familias y comunidades a una estructura vinculada al poder que ejerce la pareja Ortega-Murillo desde el Estado, es un mecanismo operativo de control y represión social del régimen totalitario que se está gestando.

Por todas estas razones, llamamos a todos los actores civiles y políticos de Nicaragua, hombres y mujeres a repudiar el neo-totalitarismo orteguista y a defender los derechos y libertades de toda la ciudadanía.

Managua, 14 de agosto 2014.

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua




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Fecha: Aug 14, 2014