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Pronunciamientos

¡A DEFENDER NUESTRA AUTONOMÍA Y LIBERTAD!

Pronunciamiento en Ocasión del día Internacional de la Mujer.

¡A defender la autonomía y la libertad!

Las mujeres en Nicaragua arribamos a este 8 de marzo enfrentadas al empeoramiento de las condiciones políticas, sociales y económicas de nuestra sociedad, como consecuencia del quiebre del orden constitucional profundizado por el violento y descarado robo a la voluntad popular ocurrido con las pasadas elecciones.

La imposición del tercer período de Daniel Ortega representa el comienzo de un nuevo ciclo histórico de lucha por defender la autonomía y la libertad tan dura y dolorosamente conquistada, en particular por las mujeres. Este gobierno inconstitucional, patriarcal, autoritario; basado en la corrupción, la ilegalidad, la impunidad y el abuso, constituye una involución a un Estado pre-moderno, confesional y autocrático. Es un auténtico desastre para los intereses prácticos y estratégicos de género de las mujeres.

Este 8 de marzo nos encuentra con usurpadores en todos los poderes del Estado y en los gobiernos locales, con una élite política agotada y un espacio público copado y pervertido por el monopolio orteguista. Un poder que explota la necesidad, la pobreza y el hambre con políticas clientelistas, a partir de otorgar como dádivas lo que son derechos. Las políticas asistencialistas y de “restitución de derechos” dirigidas a las mujeres, no son siquiera paliativas ante la carestía de la vida, la falta de empleos y la perenne exclusión de los servicios.
Estas políticas minimalistas y de “vitrina” no sacan a las mujeres de la pobreza, ni las convierten en actores económicos y mucho menos, en sujetos políticos.

El lamentable estado de las instituciones, marcadas por la partidización y la incompetencia, han dejado a las mujeres indefensas ante el incremento de la violencia genérica, donde violadores y asesinos suelen quedar en completa impunidad. En la perspectiva oficial las mujeres son vistas como seres “complementarios” de los hombres, pero no como personas por derecho propio, a quienes se ha impuesto una maternidad forzosa, al impedirles el derecho a decidir sobre el propio cuerpo ni siquiera para salvar su vida.

La pareja Ortega-Murillo se han enfocado en cortejar a las mujeres con promesas de participación, buscando como recomponer su imagen de abusador y proyectarles como “progresistas”. Sin embargo la incorporación de mujeres en las listas electorales no es porque se está gobernando con democracia genérica, sino todo lo contrario: los cargos otorgados han sido producto de fraudes electorales, sometiendo a estas mujeres a una fiel subordinación a las decisiones del poder dictatorial.

La bancarrota moral y política provocada por el fraude electoral, su ilegitimidad nacional e internacional y el aislamiento de su gobierno, es el móvil de Ortega con la iniciativa del 50% para las candidaturas de mujeres en las elecciones municipales. Un proceso electoral también desahuciado por el desplome total de la credibilidad y la confianza en el Consejo Supremo Electoral.
Estos son intentos de sobornar a las mujeres: el poder corrupto intenta corromper a sus ciudadanas pretendiendo usurpar y sacar sus propios réditos de lo que han sido las luchas históricas de las feministas por sus derechos de ciudadanía; de elegir y ser electas. Pretende ofrecer como “concesión graciosa” del caudillo, lo que es un principio y un derecho establecido en la Constitución que las mujeres dejamos incrustados desde los cabildos constitucionales de 1986. Los derechos a la participación, a organizarnos, a movilizarnos y a ser autónomas y libres no fue siquiera una concesión de la revolución, sino una batalla ganada por las mujeres a los comandantes de la época.

La lucha de décadas del movimiento de mujeres produjo la aprobación de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que tiene como principal reto su aplicación, así como transformar una práctica de impunidad permanente que ha llegado al extremo de responsabilizar a las víctimas de los delitos que sufren.
El Estado de Nicaragua tiene deudas pendientes con las mujeres tales como la suscripción del Protocolo Facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(CEDAW); la ratificación del Tribunal Penal Internacional; el cumplimiento de las resoluciones de los Comités de derechos humanos; del Comité contra la Tortura y las derivadas del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, especialmente la destinada a restablecer el derecho de las mujeres a salvar su propia vida y garantizar un efectivo acceso a la justicia. En la actualidad el Estado está obligado a contener el alto índice de impunidad, la despartidización y el tráfico de influencias en la aplicación de la ley; el incremento de la trata de personas y las altas tasas de violencia sexual existente.

Managua, 8 de Marzo 2012

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Fecha: Mar 08, 2012