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La reforma a la Ley 779: Un emblema de la dictadura ( Articulo de Opinion)

 Juanita Jiménez Martínez*

 

En los años 80 muchas líderes del movimiento de  mujeres fueron sancionadas por el partido del FSLN por el hecho de atreverse a pedir castigo para aquellos que daban malos tratos a sus compañeras de vida.  Fue con la llegada del gobierno de

Violeta Barrios de Chamorro,  el proceso de pacificación y la construcción del sistema democrático, que se dieron las condiciones para que las iniciativas promovidas por el movimiento de mujeres, en particular en contra de la violencia, encontraran receptividad.

 Primero se dio apertura a las primeras comisarías de la mujer (1992),  luego se facilitaron las reformas al código penal para  sancionar de  mejor manera todos los delitos sexuales. Con la firma y ratificación de la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (Belém do Pará), se promovieron y aprobaron las reformas y adiciones al código penal conocida como la Ley 230 (1996) que estableció sanciones a  la violencia intrafamiliar, el reconocimiento del  daño psicológico y promulgó primeras medidas de protección a víctimas de violencia.

 Los gobiernos posteriores si bien asumieron posiciones conservadoras, ni en sus peores controversias con el movimiento de mujeres por temas duros como el aborto, nunca se desmarcaron del proceso de  democratización, lo que permitió al movimiento hacer incidencia política, participar en instancias interinstitucionales e intersectoriales y sostener un diálogo directo con el Estado. Ello permitió seguir avanzando en  la agenda de las mujeres y particularmente, en la lucha contra la violencia.

 

Así mismo, se facilitó la gestión de la cooperación internacional para fortalecer  la ruta  de atención para el acceso a la  justicia para las mujeres.  Se produjeron avances importantes como la institucionalización de planes, mecanismos de dialogo interinstitucional (Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia, Consejo de la Mujer), protocolos y normativas principalmente en salud y justicia. Este  proceso culminó con el gobierno de Enrique Bolaños que dejó aprobado un Programa Nacional de atención y prevención de la violencia  basada en género y que se insertaba como parte de los ejes estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano.

 

A partir del año 2007 con la llegada al poder de Daniel Ortega Saavedra, comenzó un acelerado proceso de instalación de un régimen autoritario que en menos de seis años ha hecho colapsar el sistema democrático y convertido las instituciones públicas en instrumentos al servicio de la impunidad, la corrupción y represión de la ciudadanía que lucha por sus derechos.

 

En el 2011 ante la iniciativa de ley contra la violencia encabezada por el Movimiento de Mujeres María  Elena Cuadra,  el régimen presentó otra iniciativa por medio de la Corte Suprema de Justicia a fin de restar protagonismo al movimiento y manipular la demanda estratégica de las mujeres con fines electoreros. Sin embargo, la Comisión de Justicia liderada por diputados opositores, juntaron ambas iniciativas y lograron un dictamen de mayoría.

 

La Ley fue aprobada por unanimidad en Febrero del 2012, después de las cuestionadas elecciones donde el FSLN se adjudicó de manera fraudulenta la mayoría de los escaños del parlamento.  Posiblemente apostaron a que la ley serviría a sus propósitos de limpieza de imagen, considerando que internacionalmente este gobierno ha sido señalado por los organismos más prestigiosos de derechos humanos por persecución política a mujeres defensoras de los derechos humanos y violador de los derechos constitucionales.

 

El  movimiento de mujeres asumió la Ley 779 como el resultado de más de tres décadas de lucha, reivindicó su autoría  y se dispuso a demandar la implementación adecuada de la misma. Así,  exigió presupuesto, divulgó los alcances de la misma,  siguió denunciando  los atropellos que viven las mujeres en la búsqueda de justicia agudizados  por la partidización, la corrupción, el tráfico de influencia y la escalada de impunidad en el país.

 

Esta Ley al reconocer derechos a las mujeres y sancionar a los agresores resignificó el valor y la condición de ciudadanía de más de la mitad de población y lógicamente representa una  amenaza real a un régimen dictatorial instaurado sobre la base de la cultura del abuso y la violencia. De  ahí que tanto el recurso de inconstitucionalidad contra la ley 779 como las reformas a aprobarse en la Asamblea, sean parte de una estrategia del régimen para anularla.

 

El régimen autoritario del orteguismo promueve un modelo de familia alejado de cualquier principio de derecho, respeto y moral humana, porque estábasado en la doble moral de que los “trapos sucios se lavan en casa”, donde el perdón significa impunidad y la reconciliación es la renuncia explícita a tener derechos. Este modelo es lo que inspira la reforma de la ley 779, que no solo elimina la prohibición de la cuestionada mediación en delitos de violencia sino que agrega un artículo donde manda a reglamentar la ley, facultad que corresponde solo al ejecutivo que ya se sabe cómo opera.

 

Es de esperar que tal reglamentación servirá para la legalización y reforzamiento de su régimen de facto, imponer sus estructuras paralelas y sus enfoques distorsionados de la familia,  del amor y la justicia. Todo ello con el fin de cumplir con su verdadero propósito: destruir los fines y objetivos de  la Ley como instrumento de cambio de  la violencia machista.

La jugada del régimen ha sido casi perfecta y pretende quedar exento de responsabilidad de semejante retroceso jurídico, llegando incluso a sumar a sus propósitos a un significativo grupo de críticos del régimen, incluyendo a algunos representantes de la oposición en la Asamblea.  Es claro que en estos meses nos han tenido entretenidos en este debate como cortina de humo contra la atroz concesión canalera, los atropellos de la policía, los alzados en armas,  los abusos cometidos con los jóvenes de OcupaInss, del avance de la corrupción, del narcotráfico, la arbitrariedad del negocio de Mpeso.  En fin quieren hacernos olvidar de que la república la siguen haciendo trizas.

 En conclusión queda claro, al menos para personas como yo que he invertido más de la mitad de mi vida luchando contra la violencia y aportando a la construcción  de una democracia donde se incluya a las mujeres, que nunca, ningún régimen autoritario como el orteguismo, podrá aceptar leyes  o iniciativas encaminadas al progreso y desarrollo de nuestros derechos.  La única opción que nos queda es continuar apostando a la reconstrucción de la república, donde las mujeres podamos vivir libres de cualquier tipo de violencia.

 *Abogada,  feminista y dirigente del  Movimiento Autónomo de Mujeres

 Ver articulo publicado en confidencial Digital:
http://www.confidencial.com.ni/articulo/13944/un-emblema-de-la-dictadura?fb_action_ids=10202181785851192&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582


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Fecha: Sep 23, 2013