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PROCLAMA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

¡Acabar con la impunidad… para vivir libre de Violencia!

25 de noviembre “Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres”

La violencia contra las mujeres representa uno de los más graves obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos en el campo social, político, económico, cultural y familiar, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos. La violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones tiene consecuencias negativas en todos los ciclos de su vida.

La mayoría de las situaciones de violencia en contra de la mujer, gozan de impunidad, situación que revictimiza a las mujeres agredidas como a las familias de las víctimas generándoles incertidumbre, inseguridad, temor, angustia y sufrimiento. Esto no debe ser ignorado por el Estado, por este gobierno, por la sociedad y por ningún funcionario público. 
Las fallas constantes del sistema de justicia tienen como principal consecuencia que la mayoría de agresores de mujeres, niñas y adolescentes continúe en libertad. Los mecanismos que sustentan la impunidad son múltiples, la escasa credibilidad con que cuenta el sistema se basa en los arreglos y componendas por intereses partidarios, influencia política, arreglos económicos o por la propia ineficiencia del proceso investigativo y acusatorio, que se puede entender en el siguiente ejemplo:
• 403,740 mujeres denunciaron distintos tipos de violencias incluyendo las violaciones sexuales en un periodo de 6 años (2006 al 2012); el 62% de estas denuncias fueron tipificadas como “faltas” no llegando a constituirse en delitos. 
• La violencia sexual, es una pandemia que sufren cotidianamente mujeres y niñas nicaragüenses; 3,660 denuncias de violencia sexual fueron en menores de 14 años de edad. 
• Continúa siendo el hogar el sitio menos seguro para las mujeres, niñas y niños. 78% de las agresiones se dieron en la casa y el 13% en la vía pública. 
Durante estos mismos 6 años se cometieron 466 femicidios; para la mayoría de los asesinos prevalece la impunidad y se encuentran en libertad para continuar violando los derechos humanos en los cuerpos de las mujeres y las niñas. Cuando nos referimos al femicidio estamos hablando de crímenes de odio contra las mujeres, práctica del machismo que impera en el dominio y expropiación de los cuerpos de las mujeres. 
Los femicidas son en su mayoría padres, esposo, ex pareja, y en minoría están amigos, conocidos, desconocidos y novios. En los delitos de violencia contra las mujeres el Estado no se obliga a sumir las consecuencias de los daños. 
Funcionarios y funcionarias públicas exigen a las mujeres “pruebas” de la agresión sufrida porque la sociedad patriarcal no cree en su palabra de las mujeres : ¿Cómo las mujeres pueden presentar pruebas de la violencia que ejerce su pareja entre cuatro paredes, en una sociedad complaciente que justifica las violencias dejando a las propias mujeres la responsabilidad de erradicarla?.
El Estado debe garantizar con legislación adecuada, políticas públicas, recursos económicos y responsabilidad política para la prevención, la investigación, el acceso a la justicia, y debe velar por la rigurosa aplicación de las leyes para sancionar los delitos.
Una de las mayores preocupaciones es la impunidad que se observa en el ámbito judicial, donde a menudo las víctimas no encuentran ni la oportuna sanción a los perpetradores, ni la adecuada protección para ellas. . 

Las organizaciones de mujeres estamos trabajando aceleradamente en la diseminación de la ley 779, “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 64, Código Penal” desde un análisis profundo para que todas las mujeres conozcan la ley, se divulgue en todo el territorio nacional, y se presione al Estado para que hayan los mecanismos suficientes y presupuestos adecuados para su debida aplicación. 
En los primeros cien días de la aplicación de la Ley, la RMCV y distintas expresiones del movimiento de mujeres hemos identificados obstáculos y dificultades en la aplicación de la ley 779, aun no se aplican las medidas precautelares, existen serias dificultades en la tipificación de los delitos, personal insuficiente y en algunos casos con desconocimiento del manejo de la situación de violencia. Así también es manifiesto el desconocimiento de la Ley por parte de las y los operadores de justicia, se observa que en los centros de salud de los municipios no se cuenta con especialistas ó profesionales con capacidad para hacer dictámenes forenses.
Las mujeres están agotadas por la suspensión y reprogramación de los juicios que constituye violación a lo establecido en la Ley. El modelo de atención integral y la aplicación de la entrevista única no se aplican, salvo escasas excepciones, no se ha superado la re victimización a las mujeres, conocemos de algunos operadores de justicia que han obstaculizado las denuncias de hechos de violencia utilizando imposición, coerción, miedo e inseguridad en las Mujeres 
Conocemos de territorios donde la PN continúa permitiendo y promoviendo la mediación violentando lo establecido en la Ley, prevalece en las y los operadores de justicia el enfoque de Violencia Intrafamiliar, minimizando así la Violencia en una dimensión más amplia e integral en contra de las mujeres.
Por las particularidades de las Regiones del atlántico Norte y Sur se observa como dificultad específica la retardación de justicia por falta de recursos humanos e infraestructura, abandono de causas por parte de las mujeres debido a la lejanía de sus comunidades lo que hace imposible acudir a los centro de impartición de justicia donde se ventilan los delitos mayores , impunidad de los agresores debido a la ausencia de estado en las comunidades, falta de especialización de los fiscales y de funcionarios públicos, ausencia de centros de albergue. Aun prevalece la práctica del “Talamana” ante hechos de violencia sexual. Rechazamos el actuar de funcionarios que se coluden, se escuden y promueven el tráfico de influencia protegiendo a los agresores antes delitos que dejan en la indefensión a las víctimas. 
La seguridad ciudadana es un derecho de las mujeres, sentirnos seguras nos coloca en una relación de igualdad entre hombres y mujeres. Esto nos da fuerza para desafiar y denunciar hechos autoritarios, venga de donde venga.

Un problema de violencia contra las mujeres fue el arrebato del derecho al aborto terapéutico en el año 2006. La despenalización del aborto es un asunto de democracia y de ciudadanía, porque compete al derecho de la autodeterminación y autonomía de las mujeres. Es un asunto de justicia social, es un asunto de derechos humanos y de seguridad humana.

La ratificación del Protocolo Facultativo es una obligación que el Estado nicaragüense no puede continuar ignorando. Por ello, exigimos que se cumpla con las leyes, convenciones, tratados y acuerdos internacionales, con lo establecido en la constitución política de la república como es el respeto al estado laico y la institucionalidad para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y en particular el derecho a una vida libre de violencia. 

MANAGUA, 23 de noviembre de 2012


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Fecha: Nov 25, 2012